Los internautas llaman a la rebelión

La comunidad internauta, a la espera de tener acceso al texto legal en el que el Gobierno contempla el cierre o bloqueo de páginas web de descargas ilegales, considera que este plan 'antipiratería' «supone un retroceso en materia de libertad de expresión que nos acerca a la época franquista». Así se pronunció, en nombre del colectivo, Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas.

Esta asociación, junto a 'blogueros', juristas, expertos en internet y organizaciones de usuarios presentaron ayer el documento 'Red SOS-tenible', en respuesta a las medidas del Gobierno y promovieron una campaña de «desobediencia masiva», ofreciendo a cualquiera que tenga un blog o página web la posibilidad de insertar un buscador de descargas.

Maestre manifestó ayer que el paquete de medidas diseñado por el Ministerio de González-Sinde «va a afectar a los derechos y libertades fundamentales y a la libertad de expresión» y opinó que todo lo expuesto por los poderes públicos hasta el día de hoy «es absolutamente aberrante» y supone una regresión a la época franquista, «al autorizar a un órgano administrativo el cierre de publicaciones; eso sí, con la concesión del visto bueno de un órgano judicial».

Tampoco comparte la comunidad internauta, según las palabras de Maestre, que la decisión cautelar de cerrar o bloquear una web recaiga en un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. A su juicio, esto eleva a los internautas a la categoría de «terroristas y narcotraficantes». Además, creen que el Ejecutivo recurrirá a juristas «afines a la propiedad intelectual» para la comisión encargada de intervenir en primera instancia contra las páginas web de descargas no autorizadas y aseguran que «el Gobierno sólo obedece a un 'lobby' de presión que defiende una industria caduca».

Comisión independiente

Sin embargo, Ángeles González-Sinde garantizó la «independencia» de los miembros que integrarán la comisión, a pesar de que este órgano dependerá de su departamento. La ministra de Cultura aseveró que sus integrantes serán «una representación de la pluralidad de intereses implicados». Así, acogerá a expertos en jurisprudencia, especialistas en internet y representantes de la cultura y del Ministerio de Industria, «de manera que los análisis sean equilibrados». González-Sinde justificó sin ambages la necesidad de que exista la comisión, máxime cuando «puede hacer un trabajo con mucha más rapidez y agilidad, pidiendo la información sobre las circunstancias que se denuncien y trasladándoselo al juez».

La ministra evidenció las importantes modificaciones que se han introducido respecto a la propuesta anterior. El juez de la Audiencia Nacional deberá decidir en cuatro días si cierra un sitio web tras escuchar a las partes, lo que «armoniza y garantiza los derechos, como pedían los ciudadanos a los que les producían dudas la formulación anterior», expuso. Además, no descartó que la futura ley pueda sufrir nuevas modificaciones durante el trámite parlamentario, donde puede ser objeto de enmiendas por parte de los grupos de ambas Cámaras.

González-Sinde descartó que el Estado se pueda exceder en sus funciones y aumente el control sobre los ciudadanos con la nueva propuesta para combatir las descargas ilegales. «El Estado no tiene ningún ánimo de controlar las comunicaciones. No creo que vivamos en un país donde se haga ese control sobre los ciudadanos y su libertad para usar internet como medio de comunicación, de expresión o de trabajo». La titular de Cultura no cree «que estemos en ese escenario», pero enfatizó que «todo tipo de negocio debe obedecer a unas reglas. Esto no significa que el Estado se entrometa en nuestras vidas -recalcó-. Son reglas que todos hemos pactado y que hacen que podamos convivir y estemos protegidos. No por esto nos van a espiar en nuestra casa».

Por último, la ministra precisó que el Gobierno quiere «detener la oferta que no cuente con derechos de explotación o con contrato mercantil», pero no pretende «ir en contra del usuario, como han propuesto otros países. El mal uso que hagan algunos no debe impedir que todos disfrutemos de internet».